Acorde con la tónica general de todo el documento, el diagnóstico formulado en el tramo correspondiente a la promoción cultural en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 resulta a ratos incisivo y revelador. De entrada, admite que:
“Es necesario, por no decir urgente, diseñar nuevas estrategias y mecanismos de atracción y generación de nuevos públicos, en particular entre niños y jóvenes, lo que requiere un amplio análisis de los caminos seguidos hasta ahora, la evaluación de técnicas, métodos y resultados y la búsqueda de nuevas vertientes de difusión y motivación”.
Este reconocimiento es importante, desde luego, y podría ser signado por muchas entidades de cultura, tanto públicas como privadas. Llama la atención por ello que, luego de efectuar tan significativa declaración, el Programa se limite a reiterar, una tras otra, las mismas estrategias de promoción cultural de siempre, varias de las cuales han mostrado no sólo su obsolescencia, sino, de plano, su franca impertinencia.
Ocurre que, con frecuencia, el documento se concentra más en lamentar lo dramático de la realidad nacional que en tratar de vislumbrar las “nuevas estrategias” vanamente invocadas al inicio. Tal ocurre, por ejemplo, cuando se trata de la industria cinematográfica. En este punto, el diagnóstico insiste, con tino, en señalar lo pernicioso que resulta el monopolio que ejerce la cinematografía estadounidense en los circuitos de exhibición fílmica en México.
Lo malo es que ante tan duro problema la receta sigue siendo la de siempre: subsidiar a una parte sustantiva de las películas que se producen en México, pasearlas por los festivales del mundo y dejarlas por fin morir en los ingratos circuitos comerciales. En este caso, como en muchos, se deja intacta la raíz del problema al no impulsar las modificaciones legislativas que tanta falta hacen y, sobre todo, al no alentar la creación de circuitos paralelos de exhibición que ofrezcan a los espectadores de toda la república la oportunidad de ver, no sólo la producción fílmica nacional sino, además, la de otros países igualmente marginados.
Conviene recordar al respecto que muchas instituciones académicas, culturales, sociales y privadas han hecho evidente su voluntad de aportar recursos humanos y materiales a la integración de los circuitos antes mencionados. Poco es sin embargo lo que puede hacerse sin la intervención decidida del órgano encargado por Ley de impulsar tal proceso, que es precisamente el Instituto Mexicano de Cinematografía.
Otro ejemplo palpable de la inercia del gobierno federal en el ámbito de la promoción cultural es el relacionado con el tema del fomento a la lectura. En esta área, se insiste en reiterar las medidas ciertamente positivas, pero ya conocidas, como el impulso a las ferias del libro, la distribución por medio de Educal y la operación de salas de lectura, mientras se desaprovechan oportunidades doradas como el establecimiento de ofertas editoriales eficientes dirigidas a públicos por consolidar, como los adultos que han tramitado su credencial en las más de siete mil bibliotecas públicas, o la integración de un sistema único de distribución de libros que aglutinara el acervo editorial del sector público con el de las universidades.
Para no variar, además, se insiste en confundir la difusión de la cultura con la realización de actividades dirigidas a públicos multitudinarios, tales como ferias y festivales. Tal confusión resulta grave, si se piensa que dichas acciones deben ser, en rigor, el resultado de una labor persistente, cotidiana y diversificada en materia de organización de espectáculos culturales. Así por ejemplo, poco sentido tiene organizar un festival internacional de danza contemporánea en una ciudad que carezca, por ejemplo, de opciones educativas en la materia, compañías estables de cierta calidad y una programación constante de grupos de dicha disciplina. Sin esos ingredientes, podrán transcurrir veinte o treinta festivales anuales sin que la comunidad se apropie realmente de la fiesta.
Otra característica del apartado del Programa que nos ocupa es su preocupación por prolongar la estrategia iniciada en el sexenio anterior, consistente en utilizar la riqueza del patrimonio cultural de México, destacadamente el patrimonio arqueológico, como tarjeta de presentación de la identidad nacional y moneda de cambio para conseguir magnas exposiciones del patrimonio de otras culturas del mundo. Debe reconocerse la importancia de dicha estrategia, sin dejar de advertir que, en ocasiones, ella significa el síntoma más evidente de una incomprensible necesidad oficial de mostrarse ante el mundo para obtener reconocimiento. Sin ignorar que dicha circunstancia es favorable, queda claro que mejor sería para todos que también fuéramos reconocidos por la calidad de nuestra democracia, nuestra justicia social o nuestro apego a los derechos humanos.
En síntesis, podemos afirmar que en el rubro de la promoción cultural el Programa Nacional de Cultura tiene uno de sus flancos más débiles. Podría no ser tan preocupante, si no fuera porque es uno de los que más recursos absorben y más ayudan a la clase política a legitimarse como impulsora de la cultura.
19 de mayo de 2008
12 de mayo de 2008
6 de mayo de 2008
Miradas al Programa Nacional de Cultura 2001-2007. La infraestructura cultural
Por problemas técnicos de la página, el post de esta semana se publica con un día de retraso. Pedimos disculpas a todos aquellos que buscaron el texto ayer lunes y no lo encontraron...
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En la presentación del Programa Nacional de Cultura 2007-2012 se hizo énfasis en modernizar la infraestructura en la materia. En este sentido, el plan comprende tres grandes rubros, dos de los cuales tienen que ver con el tema que nos ocupa:
En el plan se considera que “La infraestructura cultural comprende el conjunto de instalaciones y espacios físicos, así como su equipamiento y recursos materiales, en que se ofrecen a la población los servicios y el acceso a los bienes culturales: disfrute del patrimonio cultural; espectáculos artísticos; información y lectura; formación artística y cultural; turismo y esparcimiento culturales. Asimismo, incluye los centros y recintos en que los sectores profesionales ligados a dichos servicios o a la actividad cultural del país —artistas, intérpretes, investigadores, promotores, maestros, trabajadores— llevan a cabo sus labores”.
Es importante considerar que la infraestructura cultural se encuentra a cargo de los tres niveles de gobierno, así como de la iniciativa privada, grupos comunitarios o asociaciones civiles de la más diversa naturaleza. Por este motivo, el estado de conservación, las necesidades de mantenimiento, el equipamiento, la operación y el nivel de desarrollo o la actualización de la infraestructura cultural varían considerablemente.
Para la realización del diagnostico de este rubro, se utilizó la información del Atlas de Infraestructura Cultural, elaborado por el propio CONACULTA en 2004, y basado en estos resultados el gobierno federal estableció que la “prioridad de la nueva cruzada descentralizadora debe ser la creación de infraestructura cultural que funcione como detonador del desarrollo comunitario y regional a mediano y largo plazo”. Ante un panorama desolador del estado de la vasta infraestructura cultural, el programa nacional de cultura tiene tres grandes objetivos:
1) Apoyar la rehabilitación, la renovación y el desarrollo de la infraestructura cultural de los estados.
2) Mejorar y mantener la infraestructura cultural bajo responsabilidad del gobierno federal para garantizar la calidad de sus servicios al público, la comunidad cultural y académica y los trabajadores de la cultura.
3) Llevar a cabo proyectos especiales de revitalización de la infraestructura cultural que se vinculen con el espíritu y los objetivos de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y el Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana.
En el funcionamiento de esta vasta infraestructura cultura –considerada una de las más importantes de Latinoamérica- participan el gobierno federal y los gobiernos de los estados y municipios, a través de un gran número de dependencias y organismos, al igual que instituciones y organizaciones del sector privado y la sociedad civil de la más diversa naturaleza. Por este motivo, el estado de conservación, las necesidades de mantenimiento, el equipamiento, la operación y el nivel de desarrollo o la actualización de la infraestructura cultural varían considerablemente.
En términos generales, sin embargo, los diferentes tipos de infraestructura tienen en común la problemática que se deriva de una insuficiente cobertura social y geográfica; el desequilibro en la distribución territorial de los servicios; las necesidades creadas por los nuevos núcleos de población; el deterioro y el envejecimiento de las instalaciones; la carencia de programas regulares de mantenimiento, así como del presupuesto necesario; y la falta de inversión en renovación y modernización del equipamiento.
Por ejemplo, se aprecia que la mayoría de los museos presentan problemas de distinto nivel en los siguientes tres rubros: equipamiento, mantenimiento de infraestructura o carencia de ella, y anticuados discursos museográficos. Esta misma situación prevalece en las bibliotecas, se detecta un alto porcentaje que requieren acciones decididas de mantenimiento, remodelación, ampliación y renovación de locales.
Se debe considerar que existe una diferencia, que deriva en disociación, entre la infraestructura referida a lo cultural (museos, bibliotecas, librerías, casa de cultura, teatros, bibliotecas, etc.) y los usos y la difusión ejercidos por la comunidad o la administración pública o privada de estos centros culturales.
Por lo tanto, deberían intensificarse los trabajos coordinados entre los gobiernos federal, estatales y municipales de diagnóstico, elaboración de proyectos, asignación presupuestal e inversión, principalmente de recursos municipales, con apoyo técnico y estímulos de las instancias estatales y municipales, para emprender las obras de mejora. Por una parte, sigue haciendo falta un trabajo más amplio en la creación de infraestructura cultural para los municipios; por otra, es preciso establecer sistemas de organización y operación planificados y redes de colaboración nacionales e internacionales.
Se requiere a corto y mediano plazos, un plan que incluya programas permanentes de mantenimiento de los espacios, que preserve las condiciones de estos espacios con óptima calidad, que estos programas impidan el deterioro de los espacios tanto por el uso como por su subutilización, y que el plan en lo general promueva el desarrollo tanto de la infraestructura como la consolidación de criterios, normatividades, esquemas operativos y de procedimientos. Por ello, se hace necesario y urgente instrumentar e implementar un Plan Estratégico de Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento, donde se establezcan los procedimientos de operación y gestión, mediante modelos rectores que incluyan una adecuada clasificación, prototipos, manuales normativos, planes maestros, asesoría técnica y financiamiento, donde estén involucrados los tres niveles de gobierno así como las diferentes partes y plataformas del tercer sector, que haga posible la más amplia participación social en aspectos que abarcan desde la conservación hasta el financiamiento para restauración y preservación.
Todo ello, con base en los principios de descentralización, participación y autonomía, de manera concertada con las administraciones correspondientes, como herramienta para afianzar el desarrollo e intercambio cultural de las diversas comunidades del país (y que necesariamente redundara en beneficio de nuestro Estado, como de las demás entidades del país).
Curiosamente dos programas que atienden la infraestructura cultural en CONACULTA no se mencionan. Uno de ellos es el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), cuyas nuevas Reglas de Operación vigentes a partir del 1° de enero del 2008, se hallan en el Acuerdo No. 146 publicado en el Diario Oficial el pasado mes de diciembre del 2007. El PAICE se encuentra adscrito a la Dirección General de Vinculación Cultural, y ofrece apoyos para construcción, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales, bajo esquemas de cofinanciamiento y corresponsabilidad en dos ámbitos de trabajo: A) estatales y del Distrito Federal y B) municipales, delegacionales y de la sociedad civil organizada, actores de una sociedad plural y democrática, financiera y socialmente responsable.
El otro programa es el Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Muebles de Propiedad Federal, que como su nombre lo dice se refiere al mantenimiento de inmuebles de propiedad federal, que en la administración pasada dio apoyo a 171 inmuebles.
El desarrollo de la infraestructura cultural debe estar en correspondencia con el dinamismo intelectual y creativo del país. Aún hace falta mucho por hacer, ya que no es posible responder a la gran activación cultural que se vive en México, ni a los procesos de desarrollo cultural de los municipios, si no se atiende al crecimiento, especialización, equipamiento y mejora de estos espacios en donde se promueven actividades culturales y de creación artística.
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En la presentación del Programa Nacional de Cultura 2007-2012 se hizo énfasis en modernizar la infraestructura en la materia. En este sentido, el plan comprende tres grandes rubros, dos de los cuales tienen que ver con el tema que nos ocupa:
En el plan se considera que “La infraestructura cultural comprende el conjunto de instalaciones y espacios físicos, así como su equipamiento y recursos materiales, en que se ofrecen a la población los servicios y el acceso a los bienes culturales: disfrute del patrimonio cultural; espectáculos artísticos; información y lectura; formación artística y cultural; turismo y esparcimiento culturales. Asimismo, incluye los centros y recintos en que los sectores profesionales ligados a dichos servicios o a la actividad cultural del país —artistas, intérpretes, investigadores, promotores, maestros, trabajadores— llevan a cabo sus labores”.
Es importante considerar que la infraestructura cultural se encuentra a cargo de los tres niveles de gobierno, así como de la iniciativa privada, grupos comunitarios o asociaciones civiles de la más diversa naturaleza. Por este motivo, el estado de conservación, las necesidades de mantenimiento, el equipamiento, la operación y el nivel de desarrollo o la actualización de la infraestructura cultural varían considerablemente.
Para la realización del diagnostico de este rubro, se utilizó la información del Atlas de Infraestructura Cultural, elaborado por el propio CONACULTA en 2004, y basado en estos resultados el gobierno federal estableció que la “prioridad de la nueva cruzada descentralizadora debe ser la creación de infraestructura cultural que funcione como detonador del desarrollo comunitario y regional a mediano y largo plazo”. Ante un panorama desolador del estado de la vasta infraestructura cultural, el programa nacional de cultura tiene tres grandes objetivos:
1) Apoyar la rehabilitación, la renovación y el desarrollo de la infraestructura cultural de los estados.
2) Mejorar y mantener la infraestructura cultural bajo responsabilidad del gobierno federal para garantizar la calidad de sus servicios al público, la comunidad cultural y académica y los trabajadores de la cultura.
3) Llevar a cabo proyectos especiales de revitalización de la infraestructura cultural que se vinculen con el espíritu y los objetivos de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y el Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana.
En el funcionamiento de esta vasta infraestructura cultura –considerada una de las más importantes de Latinoamérica- participan el gobierno federal y los gobiernos de los estados y municipios, a través de un gran número de dependencias y organismos, al igual que instituciones y organizaciones del sector privado y la sociedad civil de la más diversa naturaleza. Por este motivo, el estado de conservación, las necesidades de mantenimiento, el equipamiento, la operación y el nivel de desarrollo o la actualización de la infraestructura cultural varían considerablemente.
En términos generales, sin embargo, los diferentes tipos de infraestructura tienen en común la problemática que se deriva de una insuficiente cobertura social y geográfica; el desequilibro en la distribución territorial de los servicios; las necesidades creadas por los nuevos núcleos de población; el deterioro y el envejecimiento de las instalaciones; la carencia de programas regulares de mantenimiento, así como del presupuesto necesario; y la falta de inversión en renovación y modernización del equipamiento.
Por ejemplo, se aprecia que la mayoría de los museos presentan problemas de distinto nivel en los siguientes tres rubros: equipamiento, mantenimiento de infraestructura o carencia de ella, y anticuados discursos museográficos. Esta misma situación prevalece en las bibliotecas, se detecta un alto porcentaje que requieren acciones decididas de mantenimiento, remodelación, ampliación y renovación de locales.
Se debe considerar que existe una diferencia, que deriva en disociación, entre la infraestructura referida a lo cultural (museos, bibliotecas, librerías, casa de cultura, teatros, bibliotecas, etc.) y los usos y la difusión ejercidos por la comunidad o la administración pública o privada de estos centros culturales.
Por lo tanto, deberían intensificarse los trabajos coordinados entre los gobiernos federal, estatales y municipales de diagnóstico, elaboración de proyectos, asignación presupuestal e inversión, principalmente de recursos municipales, con apoyo técnico y estímulos de las instancias estatales y municipales, para emprender las obras de mejora. Por una parte, sigue haciendo falta un trabajo más amplio en la creación de infraestructura cultural para los municipios; por otra, es preciso establecer sistemas de organización y operación planificados y redes de colaboración nacionales e internacionales.
Se requiere a corto y mediano plazos, un plan que incluya programas permanentes de mantenimiento de los espacios, que preserve las condiciones de estos espacios con óptima calidad, que estos programas impidan el deterioro de los espacios tanto por el uso como por su subutilización, y que el plan en lo general promueva el desarrollo tanto de la infraestructura como la consolidación de criterios, normatividades, esquemas operativos y de procedimientos. Por ello, se hace necesario y urgente instrumentar e implementar un Plan Estratégico de Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento, donde se establezcan los procedimientos de operación y gestión, mediante modelos rectores que incluyan una adecuada clasificación, prototipos, manuales normativos, planes maestros, asesoría técnica y financiamiento, donde estén involucrados los tres niveles de gobierno así como las diferentes partes y plataformas del tercer sector, que haga posible la más amplia participación social en aspectos que abarcan desde la conservación hasta el financiamiento para restauración y preservación.
Todo ello, con base en los principios de descentralización, participación y autonomía, de manera concertada con las administraciones correspondientes, como herramienta para afianzar el desarrollo e intercambio cultural de las diversas comunidades del país (y que necesariamente redundara en beneficio de nuestro Estado, como de las demás entidades del país).
Curiosamente dos programas que atienden la infraestructura cultural en CONACULTA no se mencionan. Uno de ellos es el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), cuyas nuevas Reglas de Operación vigentes a partir del 1° de enero del 2008, se hallan en el Acuerdo No. 146 publicado en el Diario Oficial el pasado mes de diciembre del 2007. El PAICE se encuentra adscrito a la Dirección General de Vinculación Cultural, y ofrece apoyos para construcción, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales, bajo esquemas de cofinanciamiento y corresponsabilidad en dos ámbitos de trabajo: A) estatales y del Distrito Federal y B) municipales, delegacionales y de la sociedad civil organizada, actores de una sociedad plural y democrática, financiera y socialmente responsable.
El otro programa es el Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Muebles de Propiedad Federal, que como su nombre lo dice se refiere al mantenimiento de inmuebles de propiedad federal, que en la administración pasada dio apoyo a 171 inmuebles.
El desarrollo de la infraestructura cultural debe estar en correspondencia con el dinamismo intelectual y creativo del país. Aún hace falta mucho por hacer, ya que no es posible responder a la gran activación cultural que se vive en México, ni a los procesos de desarrollo cultural de los municipios, si no se atiende al crecimiento, especialización, equipamiento y mejora de estos espacios en donde se promueven actividades culturales y de creación artística.
28 de abril de 2008
Intermedio
Imagen: Cisne. Acrílico sobre cartón, 2006.
Julio Torres Lara.
PROXIMO POST: Lunes 5 de mayo
21 de abril de 2008
Miradas al Programa Nacional de Cultura 2001-2007. El agregado de la lectura
En esta ocasión, Lourdes Hernández Quiñones se une al blog y nos ofrece una análisis puntual sobre el eje seis del Programa Nacional de Cultura, nombrado Esparcimiento Cultural y Lectura. Bienvenida, Lourdes, y que sea la primera de muchas más.
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Al revisar el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 es inevitable dirigirse al prefacio y la introducción que allí se formulan, aunque el interés se dirija a lo relativo al fomento a la lectura. Claro, las palabras ocupan un buen espacio cuando se habla de patrimonio cultural. El gobierno federal no oculta su interés especial por este tema, principalmente cuando tiene que ver con el turismo.
En el prefacio se hace mención-ya de pasadita-de la importancia del fomento a la lectura, puntualizando que las carencias en este sentido no son responsabilidad de la escuela, ni de las “políticas editoriales y bibliotecarias gubernamentales puestas en práctica hasta ahora”. ¿Entonces quién es responsable de que existan todavía hoy más de 4 millones de analfabetas en el país? En fin, como para lavarse las manos, se menciona en el documento que cada vez es más urgente la participación comprometida de la familia y la sociedad. Claro que ésta sería parte de la solución: la lectura en casa, con la familia; sin embargo, la mayoría de los hogares en México no cuenta siquiera con un libro. ¿Así pues, por dónde empezar?
Ocho son los ejes de la política cultural definidos en este programa. El que tiene que ver con el libro y la lectura ocupa el sexto lugar y lleva por nombre Esparcimiento cultural y fomento de la lectura. Es curioso, porque al iniciar la exposición se habla de que la cultura debe tener una presencia más intensa en el tiempo recreativo de los mexicanos. ¿Cuál cultura? Creo que parte de los desaciertos y omisiones del Programa Nacional de Cultura 2007-2012 está en considerar la cultura desde un punto de vista tradicional, lo que reduce su significado. Lo anterior podríamos argumentarlo al sostener que el deseo de este programa se cumple, cuando la mayoría de la población invierte su tiempo de ocio en la cultura que se transmite cotidianamente a través de los medios de difusión masiva: la radio, la televisión. Es decir, a través de las industrias culturales. ¿Ésta es toda la cultura que el gobierno federal desea para sus ciudadanos?
Desde que se introduce al eje 6, da la impresión de que la lectura fue un concepto del cual se acordaron los hacedores del programa y consideraron que el único lugar donde podría entrar, sería el del esparcimiento cultural.
Para sustentar sus objetivos y estrategias, se hace referencia a los indicadores resultantes de la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales que arrojan información tal como la existencia de 600 librerías en todo el país; la lectura promedio de 2.9 libros al año y la realidad de que uno de cada cuatro habitantes no tiene libros en su casa ni ha visitado una librería. Así, se concluye que la lectura de libros de literatura es más frecuente entre la población con estudios universitarios y niveles socioeconómicos más altos. ¿Qué propone el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ante tal problemática? El objetivo específico establece: “Situar a la lectura y al libro como elementos fundamentales para el desarrollo integral de la población, para su educación, su acercamiento a las expresiones de la cultura y el desarrollo de una conciencia crítica, diseñando programas y estrategias para la formación de lectores, y de vinculación de la educación formal con el fomento a la lectura”. En este sentido se propone revisar el programa Salas de Lectura para optimizar su funcionamiento; aprovechar la radio y la televisión para difundir programas, cápsulas y promocionales que fomenten la lectura; aprovechar la Red Nacional de Bibliotecas y las librerías como lugares estratégicos para el promover la lectura…ni una palabra en torno a cómo la familia podría involucrarse en esta tarea…
Claro, una sola acción no es la solución. Pero la suma de varios agentes sí puede ser determinante. Falta, pues, que el gobierno federal asuma que tanto el esparcimiento cultural como la lectura, tienen sus raíces en el hogar. Un niño que se acostumbra a ver libros, a asistir a conciertos, obras de teatro y talleres, se apropia de la cultura y la vive con naturalidad, no la siente como algo extraño. Lamentablemente es un factor con poca atención. Habrá que considerar, asimismo, en lo referente al consumo cultural, no sólo las cifras y porcentajes, sino factores sociológicos, antropológicos, que condicionan dicho consumo. ¿Por qué la gente prefiere comprar libros en los puestos de periódicos, en los supermercados? ¿Por qué las librerías, los teatros, se ven como recintos prohibidos para un amplio sector de la población? Ojalá los gobiernos estatales diseñen estrategias con imaginación. No bastan leyes de fomento al libro y la lectura si se quedan en el papel. La complejidad del compromiso con el desarrollo social y su vinculación con el fomento a la lectura es ya inaplazable.
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Al revisar el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 es inevitable dirigirse al prefacio y la introducción que allí se formulan, aunque el interés se dirija a lo relativo al fomento a la lectura. Claro, las palabras ocupan un buen espacio cuando se habla de patrimonio cultural. El gobierno federal no oculta su interés especial por este tema, principalmente cuando tiene que ver con el turismo.
En el prefacio se hace mención-ya de pasadita-de la importancia del fomento a la lectura, puntualizando que las carencias en este sentido no son responsabilidad de la escuela, ni de las “políticas editoriales y bibliotecarias gubernamentales puestas en práctica hasta ahora”. ¿Entonces quién es responsable de que existan todavía hoy más de 4 millones de analfabetas en el país? En fin, como para lavarse las manos, se menciona en el documento que cada vez es más urgente la participación comprometida de la familia y la sociedad. Claro que ésta sería parte de la solución: la lectura en casa, con la familia; sin embargo, la mayoría de los hogares en México no cuenta siquiera con un libro. ¿Así pues, por dónde empezar?
Ocho son los ejes de la política cultural definidos en este programa. El que tiene que ver con el libro y la lectura ocupa el sexto lugar y lleva por nombre Esparcimiento cultural y fomento de la lectura. Es curioso, porque al iniciar la exposición se habla de que la cultura debe tener una presencia más intensa en el tiempo recreativo de los mexicanos. ¿Cuál cultura? Creo que parte de los desaciertos y omisiones del Programa Nacional de Cultura 2007-2012 está en considerar la cultura desde un punto de vista tradicional, lo que reduce su significado. Lo anterior podríamos argumentarlo al sostener que el deseo de este programa se cumple, cuando la mayoría de la población invierte su tiempo de ocio en la cultura que se transmite cotidianamente a través de los medios de difusión masiva: la radio, la televisión. Es decir, a través de las industrias culturales. ¿Ésta es toda la cultura que el gobierno federal desea para sus ciudadanos?
Desde que se introduce al eje 6, da la impresión de que la lectura fue un concepto del cual se acordaron los hacedores del programa y consideraron que el único lugar donde podría entrar, sería el del esparcimiento cultural.
Para sustentar sus objetivos y estrategias, se hace referencia a los indicadores resultantes de la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales que arrojan información tal como la existencia de 600 librerías en todo el país; la lectura promedio de 2.9 libros al año y la realidad de que uno de cada cuatro habitantes no tiene libros en su casa ni ha visitado una librería. Así, se concluye que la lectura de libros de literatura es más frecuente entre la población con estudios universitarios y niveles socioeconómicos más altos. ¿Qué propone el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ante tal problemática? El objetivo específico establece: “Situar a la lectura y al libro como elementos fundamentales para el desarrollo integral de la población, para su educación, su acercamiento a las expresiones de la cultura y el desarrollo de una conciencia crítica, diseñando programas y estrategias para la formación de lectores, y de vinculación de la educación formal con el fomento a la lectura”. En este sentido se propone revisar el programa Salas de Lectura para optimizar su funcionamiento; aprovechar la radio y la televisión para difundir programas, cápsulas y promocionales que fomenten la lectura; aprovechar la Red Nacional de Bibliotecas y las librerías como lugares estratégicos para el promover la lectura…ni una palabra en torno a cómo la familia podría involucrarse en esta tarea…
Claro, una sola acción no es la solución. Pero la suma de varios agentes sí puede ser determinante. Falta, pues, que el gobierno federal asuma que tanto el esparcimiento cultural como la lectura, tienen sus raíces en el hogar. Un niño que se acostumbra a ver libros, a asistir a conciertos, obras de teatro y talleres, se apropia de la cultura y la vive con naturalidad, no la siente como algo extraño. Lamentablemente es un factor con poca atención. Habrá que considerar, asimismo, en lo referente al consumo cultural, no sólo las cifras y porcentajes, sino factores sociológicos, antropológicos, que condicionan dicho consumo. ¿Por qué la gente prefiere comprar libros en los puestos de periódicos, en los supermercados? ¿Por qué las librerías, los teatros, se ven como recintos prohibidos para un amplio sector de la población? Ojalá los gobiernos estatales diseñen estrategias con imaginación. No bastan leyes de fomento al libro y la lectura si se quedan en el papel. La complejidad del compromiso con el desarrollo social y su vinculación con el fomento a la lectura es ya inaplazable.
14 de abril de 2008
Intermedio
Imagen: Kgakilhtamakú (La bóveda celeste). BEATRIZ LEAL (Cerro Azul, Ver.)
Instalación orgánica en Cumbre Tajín 2007, Papantla, Veracruz. México
7 de abril de 2008
Miradas al Programa Nacional de Cultura 2001-2007. Cultura y Turismo
Dentro de los distintos apartados que constituyen el Plan Nacional de Cultura 2007-2012, se aprecia un especial interés por darle visibilidad (y en principio encontrar soluciones) a un problema estructural derivado de la verticalidad inherente a nuestro sistema político: la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y los actores locales en la puesta en marcha de proyectos. El Eje 7 del Plan, nombrado Cultura y Turismo, no es la excepción.
Este apartado, dedicado a uno de los temas que mayor relevancia tiene hoy en día al hablar de beneficio material derivado de la acción cultural, posee la virtud de enumerar los riesgos que se corren cuando se proyecta una política que pretende equilibrar el plano de lo económico con el plano de lo simbólico. Se reconoce que la relación entre ganancia y preservación del patrimonio no es tersa sino más bien de enfrentamiento, que la importancia del sector no ha conseguido afirmarse (apenas el 5.5% del turismo nacional y el 3% del turismo extranjero) y que el papel que ha jugado el CONACULTA, a través de la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo (creada en 2001), no ha sido del todo eficaz. El texto de este apartado menciona que no ha habido delimitación de las funciones correspondientes a la Coordinación, y que ésta carece de una integración formal de sus actividades con el resto de las entidades que conforman el Consejo. Al mismo tiempo, y si leemos con ojos suspicaces, se admite que existe una cierta esquizofrenia en la personalidad misma de la Coordinación dado que parte de sus actividades debe de armonizarse con el trabajo de la Secretaría de Turismo, mientras que por otra parte sus trabajos se dirigen hacia organismos culturales (de lo cual se infiere que los objetivos no han sido concordantes).
En este listado de riesgos y fallas, resulta en cierto modo sorpresivo constatar que, al igual que en otros apartados del Plan, el Instituto Nacional de Antropología e Historia recibe una fuerte crítica al no poder cumplir con el rol del juglar que mantenga el equilibrio con todas las pelotas, puesto que la entidad debería –según la visión que ofrece el documento- negociar la promoción y el uso del patrimonio entre los distintos actores: “la coordinación de esfuerzos y recursos en materia turística por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia con los tres niveles de gobierno ha sido errática, parcial e insuficiente, pues si se parte del enorme potencial de nuestra riqueza cultural, habría que reconocer que no se ha sintonizado con la formulación de políticas de promoción y capacitación adecuadas.” Crítica que parece injustificada, si tomamos en cuenta que el INAH, pese al carácter de garante del patrimonio que ostenta en la Ley Orgánica que lo rige, no posee capacidad jurídica para generar líneas de acción destinadas a la promoción turística, aun si en los últimos tiempos se ha acondicionado un área destinada a los “paseos culturales”, suerte de circuitos turísticos que se promocionan bajo la línea del llamado Nuevo Turismo Cultural del INAH: http://www.inah.gob.mx/mener/index.php?contentPagina=9
Todo este mea culpa lleva a pensar que existe una serie de deslizamientos conceptuales, siendo el más importante de ellos el que homologa Patrimonio con Bien Cultural. Como ya se había mencionado en el post anterior de este blog, al parecer la lectura que se hace sobre el Patrimonio parece estar dirigida hacia el conservacionismo y la preservación, a la memoria materializada, sin tomar en cuenta la emergencia de nuevas formas de acción cultural que son susceptibles de crear contenidos asimilables a su vez por el turismo. Como lo ha mencionado Ana Rosas Mantecón, se está dando lugar a una verdadera “industria del patrimonio”. Por supuesto, como ella misma lo afirma en un artículo publicado en el libro Retos Culturales de México frente a la Globalización, no todas las expresiones culturales son apreciadas de la misma forma, ni están de la misma manera disponibles para todos. Por ello, el Patrimonio juega un papel fundamental en la nueva promoción turística, dado que los sitios arqueológicos, las construcciones históricas, los museos y aun las representaciones folclóricas permiten un juego de escenificación fácilmente accesible para un consumidor medio. Sin embargo, en muchos países las expresiones populares –algunas veces asimiladas al Patrimonio Intangible- (festividades, música y danza) y la creación contemporánea (contenida y/o representada en museos, galerías y teatros) forman parte de los bienes culturales promovidos en la oferta turística. El Patrimonio es observado, desde el texto que nos interesa, como un “recurso no renovable”, lo cual excluye, a priori, las manifestaciones en vías de creación.
Por otra parte, cuando se habla sobre la falta de coordinación entre los niveles de gobierno y los actores locales para generar proyectos, se afirma que esta negociación es necesaria, por supuesto, para lograr “mayores oportunidades de desarrollo”. El problema radica en que, si lo que se pretende es luchar contra la pobreza en zonas que gozan de “alto valor cultural”, lo que se está proponiendo es una relación lineal entre prestadores de servicio y consumidores de servicio. Dentro de los objetivos y las estrategias de este Eje, encontramos propuestas como el fomento y desarrollo de productos culturales, la sensibilización de los actores locales hacia el turismo, la generación de manuales de capacitación, la difusión en grandes medios de comunicación y la creación de guías de turismo adaptadas. Nada de esto suena mal, salvo por el hecho de que estamos hablando de contenidos simbólicos y de diferencias, en ocasiones abismales, entre las regiones y sus modos de vida. La falta de coordinación entre los actores institucionales, y las comunidades conlleva el riesgo no solamente de volver ineficaz un proceso productivo, sino también de generar tensiones al interior de los grupos locales. Cuando se objetiva una manifestación, o se le da preferencia a un “lugar de memoria” sobre otro, en función de su valor de uso turístico, esto probablemente origine conflictos y/o nuevas formas de disparidad entre los habitantes de una región. No existen recetas mágicas contra esto, pero la mera capacitación de los habitantes de un sitio susceptible de devenir turístico no paliará el impacto que pueda tener una mala planeación carente de definición sobre lo que las comunidades pueden y quieren gestionar de su propio patrimonio.
En el Eje 7 del Plan Nacional de Cultura se incluyen como estrategias la promoción del respeto a las formas de vida originarias, y a la participación activa de las comunidades: creemos que estas dos frases, tan simples e ingenuas, deben constituir la base de una política de Turismo Cultural que se extienda hacia la autogestión con base en el diagnóstico que los mismos actores locales puedan realizar sobre sus bienes culturales. De esta forma, la articulación entre los agentes institucionales podrá traducirse, ahora sí, en apoyos verdaderamente productivos.
Ps.
Pensando en la valoración de la riqueza cultural, en el disfrute de los habitantes locales de su propio patrimonio, y en la apreciación que tienen los turistas sobre este mismo patrimonio, reflexionemos: ¿qué pasa con el Carnaval de Veracruz?
Este apartado, dedicado a uno de los temas que mayor relevancia tiene hoy en día al hablar de beneficio material derivado de la acción cultural, posee la virtud de enumerar los riesgos que se corren cuando se proyecta una política que pretende equilibrar el plano de lo económico con el plano de lo simbólico. Se reconoce que la relación entre ganancia y preservación del patrimonio no es tersa sino más bien de enfrentamiento, que la importancia del sector no ha conseguido afirmarse (apenas el 5.5% del turismo nacional y el 3% del turismo extranjero) y que el papel que ha jugado el CONACULTA, a través de la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo (creada en 2001), no ha sido del todo eficaz. El texto de este apartado menciona que no ha habido delimitación de las funciones correspondientes a la Coordinación, y que ésta carece de una integración formal de sus actividades con el resto de las entidades que conforman el Consejo. Al mismo tiempo, y si leemos con ojos suspicaces, se admite que existe una cierta esquizofrenia en la personalidad misma de la Coordinación dado que parte de sus actividades debe de armonizarse con el trabajo de la Secretaría de Turismo, mientras que por otra parte sus trabajos se dirigen hacia organismos culturales (de lo cual se infiere que los objetivos no han sido concordantes).
En este listado de riesgos y fallas, resulta en cierto modo sorpresivo constatar que, al igual que en otros apartados del Plan, el Instituto Nacional de Antropología e Historia recibe una fuerte crítica al no poder cumplir con el rol del juglar que mantenga el equilibrio con todas las pelotas, puesto que la entidad debería –según la visión que ofrece el documento- negociar la promoción y el uso del patrimonio entre los distintos actores: “la coordinación de esfuerzos y recursos en materia turística por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia con los tres niveles de gobierno ha sido errática, parcial e insuficiente, pues si se parte del enorme potencial de nuestra riqueza cultural, habría que reconocer que no se ha sintonizado con la formulación de políticas de promoción y capacitación adecuadas.” Crítica que parece injustificada, si tomamos en cuenta que el INAH, pese al carácter de garante del patrimonio que ostenta en la Ley Orgánica que lo rige, no posee capacidad jurídica para generar líneas de acción destinadas a la promoción turística, aun si en los últimos tiempos se ha acondicionado un área destinada a los “paseos culturales”, suerte de circuitos turísticos que se promocionan bajo la línea del llamado Nuevo Turismo Cultural del INAH: http://www.inah.gob.mx/mener/index.php?contentPagina=9
Todo este mea culpa lleva a pensar que existe una serie de deslizamientos conceptuales, siendo el más importante de ellos el que homologa Patrimonio con Bien Cultural. Como ya se había mencionado en el post anterior de este blog, al parecer la lectura que se hace sobre el Patrimonio parece estar dirigida hacia el conservacionismo y la preservación, a la memoria materializada, sin tomar en cuenta la emergencia de nuevas formas de acción cultural que son susceptibles de crear contenidos asimilables a su vez por el turismo. Como lo ha mencionado Ana Rosas Mantecón, se está dando lugar a una verdadera “industria del patrimonio”. Por supuesto, como ella misma lo afirma en un artículo publicado en el libro Retos Culturales de México frente a la Globalización, no todas las expresiones culturales son apreciadas de la misma forma, ni están de la misma manera disponibles para todos. Por ello, el Patrimonio juega un papel fundamental en la nueva promoción turística, dado que los sitios arqueológicos, las construcciones históricas, los museos y aun las representaciones folclóricas permiten un juego de escenificación fácilmente accesible para un consumidor medio. Sin embargo, en muchos países las expresiones populares –algunas veces asimiladas al Patrimonio Intangible- (festividades, música y danza) y la creación contemporánea (contenida y/o representada en museos, galerías y teatros) forman parte de los bienes culturales promovidos en la oferta turística. El Patrimonio es observado, desde el texto que nos interesa, como un “recurso no renovable”, lo cual excluye, a priori, las manifestaciones en vías de creación.
Por otra parte, cuando se habla sobre la falta de coordinación entre los niveles de gobierno y los actores locales para generar proyectos, se afirma que esta negociación es necesaria, por supuesto, para lograr “mayores oportunidades de desarrollo”. El problema radica en que, si lo que se pretende es luchar contra la pobreza en zonas que gozan de “alto valor cultural”, lo que se está proponiendo es una relación lineal entre prestadores de servicio y consumidores de servicio. Dentro de los objetivos y las estrategias de este Eje, encontramos propuestas como el fomento y desarrollo de productos culturales, la sensibilización de los actores locales hacia el turismo, la generación de manuales de capacitación, la difusión en grandes medios de comunicación y la creación de guías de turismo adaptadas. Nada de esto suena mal, salvo por el hecho de que estamos hablando de contenidos simbólicos y de diferencias, en ocasiones abismales, entre las regiones y sus modos de vida. La falta de coordinación entre los actores institucionales, y las comunidades conlleva el riesgo no solamente de volver ineficaz un proceso productivo, sino también de generar tensiones al interior de los grupos locales. Cuando se objetiva una manifestación, o se le da preferencia a un “lugar de memoria” sobre otro, en función de su valor de uso turístico, esto probablemente origine conflictos y/o nuevas formas de disparidad entre los habitantes de una región. No existen recetas mágicas contra esto, pero la mera capacitación de los habitantes de un sitio susceptible de devenir turístico no paliará el impacto que pueda tener una mala planeación carente de definición sobre lo que las comunidades pueden y quieren gestionar de su propio patrimonio.
En el Eje 7 del Plan Nacional de Cultura se incluyen como estrategias la promoción del respeto a las formas de vida originarias, y a la participación activa de las comunidades: creemos que estas dos frases, tan simples e ingenuas, deben constituir la base de una política de Turismo Cultural que se extienda hacia la autogestión con base en el diagnóstico que los mismos actores locales puedan realizar sobre sus bienes culturales. De esta forma, la articulación entre los agentes institucionales podrá traducirse, ahora sí, en apoyos verdaderamente productivos.
Ps.
Pensando en la valoración de la riqueza cultural, en el disfrute de los habitantes locales de su propio patrimonio, y en la apreciación que tienen los turistas sobre este mismo patrimonio, reflexionemos: ¿qué pasa con el Carnaval de Veracruz?
31 de marzo de 2008
Intermedio
Imagen: Serie Agua Salada 1999-2001, Guillermina Ortega, Técnica Mixta.
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25 de marzo de 2008
Nota: Abriendo el diálogo
Hace algunas semanas, en el blog del Observatorio de la Sociedad de la Información, se publicó un post con el título "Una mirada ingenua al Programa Nacional de Cultura 2007-2012" en el que se comentaban las dos primeras entregas que nuestro blog publicó sobre el Programa Nacional de Cultura: http://osiuv.blogspot.com/2008/02/una-mirada-ingenua-al-programa-nacional.html
Nuestro blog se caracteriza por no tener la inmediatez con la que se postea la información. Lo nuestro es más bien un ejercicio de publicación quincenal en el que pretendemos reflexionar sobre temas que consideramos pertinentes abrir a debate acerca de las expresiones culturales y su presentación en el espacio público.
Respecto a lo editado por el Observatorio de la Sociedad de la Información, creemos necesario precisar que las últimas entregas han estado dedicadas al Programa Nacional de Cultura que se publicó a finales del año pasado, específicamente a los ocho ejes rectores del programa. Creemos que hay que mirar cuidadosamente, punto por punto, para analizar las propuestas tanto del aparato gubernamental, como de los creadores culturales y del público para no caer en el debate estéril y la crítica fácil. Creemos que la reflexión debe encaminarse a desenmascarar las prenociones generadas en todos los bandos (nosotros incluidos) para proponer bases de construcción en conjunto.
Por eso, agradecemos enormemente la lectura que el Observatorio de la Sociedad de la Información hace sobre nuestros piensos, invitamos a que se lean los post anteriores, y los posteriores, a la publicación que los colegas leyeron, y dejamos la puerta abierta para futuros intercambios, sólidos y generosos.
Nuestro blog se caracteriza por no tener la inmediatez con la que se postea la información. Lo nuestro es más bien un ejercicio de publicación quincenal en el que pretendemos reflexionar sobre temas que consideramos pertinentes abrir a debate acerca de las expresiones culturales y su presentación en el espacio público.
Respecto a lo editado por el Observatorio de la Sociedad de la Información, creemos necesario precisar que las últimas entregas han estado dedicadas al Programa Nacional de Cultura que se publicó a finales del año pasado, específicamente a los ocho ejes rectores del programa. Creemos que hay que mirar cuidadosamente, punto por punto, para analizar las propuestas tanto del aparato gubernamental, como de los creadores culturales y del público para no caer en el debate estéril y la crítica fácil. Creemos que la reflexión debe encaminarse a desenmascarar las prenociones generadas en todos los bandos (nosotros incluidos) para proponer bases de construcción en conjunto.
Por eso, agradecemos enormemente la lectura que el Observatorio de la Sociedad de la Información hace sobre nuestros piensos, invitamos a que se lean los post anteriores, y los posteriores, a la publicación que los colegas leyeron, y dejamos la puerta abierta para futuros intercambios, sólidos y generosos.
24 de marzo de 2008
Miradas al Programa Nacional de Cultura 2001-2007. Patrimonio y diversidad cultural
La primera observación que suscita el apartado “Patrimonio y diversidad cultural” del Programa Nacional de Cultura 2001-2007 tiene que ver precisamente con su denominación y estructura. Apenas se avanza en la lectura, se advierte que el tema central de dicho capítulo es la conservación del patrimonio cultural de la nación, tanto el tangible como el intangible. Siendo ese el asunto, la inclusión del término “diversidad cultural” en el título se antoja contraria a la riqueza de dicha denominación, al sugerir un tratamiento eminentemente conservacionista de una idea compleja, que comprende no sólo al patrimonio cultural en su conjunto sino, además, a los mecanismos y las circunstancias que posibilitan su reproducción y fortalecimiento.
Según la declaración y los convenios suscritos por el gobierno mexicano, la diversidad cultural debe considerarse como un mecanismo para, entre otras cosas, reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible. Conviene recordar al respecto que, para la UNESCO, la diversidad cultural es “una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora.”. Poco de ello aparece en el Programa, que se limita a proponer estrategias para la preservación patrimonial, sin ligarlas claramente a un proyecto de desarrollo económico o social.
Debe reconocerse, no obstante, que este tramo del programa incluye un diagnóstico bastante objetivo de los problemas y limitaciones que enfrentan las instituciones gubernamentales encargadas de proteger y conservar el patrimonio cultural de la nación. Especialmente claro resulta el análisis que se hace de los problemas que aquejan al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El dictamen es tan severo que obliga al lector a recordar las muchas empresas que el Instituto ha llevado a cabo con ventura a lo largo de su historia y la importante función que ha cumplido como investigadora, protectora y difusora del patrimonio cultural, pese a sus evidentes limitaciones y su acendrado verticalismo.
La medicina que se receta en el Programa como remedio para los males consignados apunta en la dirección correcta, ya que se hace énfasis en la importancia de una adecuada coordinación con los organismos estatales y municipales, al grado de que, hasta donde recordamos, Conaculta concede, por primera vez la posibilidad de compartir con los gobiernos estatales partes importantes de las responsabilidades que hasta ahora ejerce en exclusiva.
Desde luego, tal ruta es posible. El exitoso funcionamiento del Museo de Arqueología de Xalapa y el importante trabajo de rescate, investigación y difusión del patrimonio arqueológico de nuestra entidad que la Universidad Veracruzana lleva a cabo desde hace décadas en coordinación con el INAH son una muestra de que los estados pueden hacerse cargo de sus valores patrimoniales, cuando los criterios vigentes son de orden científico y los valores que los rigen son el rigor y la disciplina y no la demagogia y la superficialidad.
En todo caso, es cierto que, como lo postula el Programa, la situación demanda que el INAH armonice sus políticas de regulación del patrimonio en toda la república. Ello permitiría, por ejemplo, que los estados y los municipios cooperaran de manera importante en las tareas de registro de los bienes inmuebles, que es el primer paso para su adecuada protección; sólo que para ello es necesario que las diversas dependencias del Consejo se pongan previamente de acuerdo y definan con claridad los modelos de ficha de registro y otros instrumentos y normas básicos, a fin de que los demás órdenes de gobierno puedan participar provechosamente en dicha tarea.
Por lo que hace a la conservación del patrimonio intangible, Conaculta refrenda su intención de continuar alentando a las manifestaciones de la cultura popular, principalmente la indígena, por medio de programas de apoyo como el PACMyC, hasta ahora tan importante, pese a que ha empezado a dar muestras de fatiga por el clientelismo que ha generado a lo largo de los años y el serio problema que significa la poca e inadecuada difusión de sus resultados, generalmente valiosos.
En este punto resulta alentador que el Consejo reconozca la necesidad de “superar actitudes paternalistas” que tanto daño han hecho en las comunidades y tanto han originado la renuencia a colaborar por parte de las instancias estatales y municipales de cultura. Como siempre, queda claro que el acercamiento a las comunidades debe darse de una manera franca y respetuosa y que la cultura popular no tiene otro dueño que los actores sociales que cotidianamente la crean y recrean.
En síntesis, cabe expresar que en materia de protección del patrimonio cultural mexicano, tan rico y diverso, el gobierno federal requiere el apoyo de los otros órdenes del gobierno, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, para llevar a cabo sus propósitos. Ojalá se establezca el concierto de voluntades que ello demanda. Lograr dicho acuerdo sería, sin duda, el logro más importante de la presente administración cultural en este campo.
Según la declaración y los convenios suscritos por el gobierno mexicano, la diversidad cultural debe considerarse como un mecanismo para, entre otras cosas, reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible. Conviene recordar al respecto que, para la UNESCO, la diversidad cultural es “una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora.”. Poco de ello aparece en el Programa, que se limita a proponer estrategias para la preservación patrimonial, sin ligarlas claramente a un proyecto de desarrollo económico o social.
Debe reconocerse, no obstante, que este tramo del programa incluye un diagnóstico bastante objetivo de los problemas y limitaciones que enfrentan las instituciones gubernamentales encargadas de proteger y conservar el patrimonio cultural de la nación. Especialmente claro resulta el análisis que se hace de los problemas que aquejan al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El dictamen es tan severo que obliga al lector a recordar las muchas empresas que el Instituto ha llevado a cabo con ventura a lo largo de su historia y la importante función que ha cumplido como investigadora, protectora y difusora del patrimonio cultural, pese a sus evidentes limitaciones y su acendrado verticalismo.
La medicina que se receta en el Programa como remedio para los males consignados apunta en la dirección correcta, ya que se hace énfasis en la importancia de una adecuada coordinación con los organismos estatales y municipales, al grado de que, hasta donde recordamos, Conaculta concede, por primera vez la posibilidad de compartir con los gobiernos estatales partes importantes de las responsabilidades que hasta ahora ejerce en exclusiva.
Desde luego, tal ruta es posible. El exitoso funcionamiento del Museo de Arqueología de Xalapa y el importante trabajo de rescate, investigación y difusión del patrimonio arqueológico de nuestra entidad que la Universidad Veracruzana lleva a cabo desde hace décadas en coordinación con el INAH son una muestra de que los estados pueden hacerse cargo de sus valores patrimoniales, cuando los criterios vigentes son de orden científico y los valores que los rigen son el rigor y la disciplina y no la demagogia y la superficialidad.
En todo caso, es cierto que, como lo postula el Programa, la situación demanda que el INAH armonice sus políticas de regulación del patrimonio en toda la república. Ello permitiría, por ejemplo, que los estados y los municipios cooperaran de manera importante en las tareas de registro de los bienes inmuebles, que es el primer paso para su adecuada protección; sólo que para ello es necesario que las diversas dependencias del Consejo se pongan previamente de acuerdo y definan con claridad los modelos de ficha de registro y otros instrumentos y normas básicos, a fin de que los demás órdenes de gobierno puedan participar provechosamente en dicha tarea.
Por lo que hace a la conservación del patrimonio intangible, Conaculta refrenda su intención de continuar alentando a las manifestaciones de la cultura popular, principalmente la indígena, por medio de programas de apoyo como el PACMyC, hasta ahora tan importante, pese a que ha empezado a dar muestras de fatiga por el clientelismo que ha generado a lo largo de los años y el serio problema que significa la poca e inadecuada difusión de sus resultados, generalmente valiosos.
En este punto resulta alentador que el Consejo reconozca la necesidad de “superar actitudes paternalistas” que tanto daño han hecho en las comunidades y tanto han originado la renuencia a colaborar por parte de las instancias estatales y municipales de cultura. Como siempre, queda claro que el acercamiento a las comunidades debe darse de una manera franca y respetuosa y que la cultura popular no tiene otro dueño que los actores sociales que cotidianamente la crean y recrean.
En síntesis, cabe expresar que en materia de protección del patrimonio cultural mexicano, tan rico y diverso, el gobierno federal requiere el apoyo de los otros órdenes del gobierno, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, para llevar a cabo sus propósitos. Ojalá se establezca el concierto de voluntades que ello demanda. Lograr dicho acuerdo sería, sin duda, el logro más importante de la presente administración cultural en este campo.
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