Según la definición de la UNESCO utilizada en el Programa nacional de Cultura 2008-2012 “las industrias culturales son aquellas que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos culturales e intangibles por naturaleza, protegidos por los derechos de autor y que pueden tomar la forma de bienes y servicios.” Cabe mencionar, que este sector que tiene un amplio apoyo en la tecnología de la información ha demostrado no solo ser un excelente y expedito vehículo de contenidos culturales, pero también un generador de riqueza y posible productor de bienestar social.
Entre las expresiones principales se encuentran las industrias de la radiodifusión, la música, la editorial, la cinematográfica, la audiovisual y el diseño, un determinado sector de las artes escénicas y los espectáculos y algunas otras empresas no de carácter industrial pero si de corte cultural, como el turismo cultural, las artes plásticas y las artesanías.
Las industrias culturales se sitúan en el ámbito de la producción y el comercio cultural, y según las propias palabras del programa es “un sector que ha tendido a quedar al margen de las políticas culturales o en el que la intervención del Estado ha operado en forma casuística, ocupado más en problemáticas o situaciones particulares y menos en la formulación de un política integral y articulada”. Aunque las propuestas se dividen por sector, las propuestas básicas para cada sector son tres: fortalecer la propuesta estatal, promover la creación de más industria cultural y regular su funcionamiento.
Las propuestas inicial que incluyen fortalecer el trabajo interno de las empresas culturales a su cargo; como serían IMCINE, Canal 22 y Radio Educación, es una tarea realizable a pesar de que el área de influencia de estas industrias son muy reducidas y solo llegan a públicos muy específicos. En cuanto al segundo punto se refiere, desde hace un tiempo se están desarrollando esquemas para apoyar producciones culturales que tienen pocas posibilidades de desarrollo en el mercado abierto. Estos trabajos son generalmente de poca envergadura y funcionan únicamente al nivel de apoyos, sin embargo existen; lo cual ya es una ganancia.
Sin embargo, las propuesta que hoy nos ocupa es la de que las instituciones estatales tengan mayor incidencia en los criterios utilizados para la producción y distribución de la oferta cultural propuesta por este sector empresarial. A pesar de que a nivel internacional, el desarrollo de las industrias culturales ha demostrado que son una fuente importante para el desarrollo sustentable de los pueblos, en nuestro país ha sido solo en años recientes que se ha considerado a este sector como una importante fuente de ingresos y desarrollo para el país. El estudio ¿Cuánto vale la cultura? realizados por Ernesto Piedras (2004) calculan que este sector contribuyó en 1998 con un 6.7% del Producto Interno Bruto y con un 7.3% en el año de 2003 (Piedras, 2007). Como es posible observar el intercambio comercial de los bienes simbólicos ha derivado en la consolidación de este sector como uno de vital importancia para el desarrollo del país.
Sin embargo, este éxito económico esta sucintándose con ganancias culturales marginales para amplios sectores de la población nacional. Pues el día de hoy, casi toda la producción de estas obras, está en manos del sector privado. El cual mayoritariamente considera mercancía y no productos culturales, pues los elabora bajo la lógica de mercado y no mediante una labor reflexiva que considere las inquietudes, necesidades y perspectivas de diversos grupos sociales que componen la población nacional.
Otro problema grave es la constante violación a los derechos de autor que sucede cotidianamente a partir del comercio informal, el cual reproduce los contenidos de discos, películas, videos, y libros entre los principales productos; sin pagar por los derechos de reproducción de estas obras de autor. La incidencia del sector informal en las industrias creativas tiene altos costos para toda la cadena productiva. Pues el también denominado sector sombra, no solo reduce notoriamente la derrama económica de este sector; sino también demerita el valor simbólico de este trabajo. Lo cual constituye una fuente importante de legitimación dentro de los gremios en los que se maneja.
En este sentido, el programa nacional no incluye criterio alguno para acometer esta problemática. Esto es preocupante, pues a la par de las prácticas monopólicas esta es una de las preocupaciones que ponen en riesgo el desarrollo efectivo y plural de este sector emergente, el cual podría convertirse en una fuente de bienestar social y recursos económicos para varios sectores de la sociedad.
1 comentario:
P.S. Acaso alguien pudiera comentar que Conaculta no es la PGR para perseguir al comercio informal. Tendría razón, desde luego; pero mucho podría hacer el sector cultura para proteger los derechos de los creadores. Una primera práctica recomendable sería pagar siempre, como corresponde, las reproducciones que las instituciones hacen de las obras de los creadores, a quienes, con frecuencia, se les hace sentir que se les está haciendo el favor de difundir su obra y, con ese pretexto, se les escamotean las participaciones de Ley. Ningún orden de gobierno está e de esa práctica, por cierto.
Un saludo cordial.
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